“Todos los Jueces ya nos Dieron la Razón”
Después de cinco años de reclamos, tanto el Gobierno del Estado como la Dirección y la Junta Directiva del Issstezac han sido renuentes a atender sus demandas, señalaron los inconformes
Integrantes del Movimiento de Bases de Defensa del Issstezac acudieron nuevamente ante autoridades del instituto para exigir el cumplimiento de resoluciones relacionadas con pensiones, la programación de pagos pendientes y el desistimiento de los juicios vinculados con el artículo 64.
Eduardo Dávila Rangel, representante del movimiento, señaló que uno de los principales reclamos es el incremento de las pensiones correspondiente a 2024, 2025 y 2026, al considerar que no se aplicó conforme a lo establecido en la ley.
Explicó que hace poco más de un mes entregaron un documento al gobernador David Monreal Ávila para pedirle una explicación sobre la falta de aplicación de dichos incrementos, sin que, dijo, hayan obtenido una respuesta satisfactoria.
Ante ello, adelantó que el movimiento ha tenido que recurrir nuevamente a los tribunales para hacer valer sus demandas.
Otro de los asuntos que llevaron ante el Issstezac fue el de alrededor de 40 personas que, de acuerdo con la revisión realizada por el propio instituto, cuentan con sentencias firmes relacionadas con sus pensiones.
Dávila Rangel explicó que inicialmente el movimiento había identificado alrededor de 60 casos, pero después de que el área correspondiente del instituto revisó la documentación, se determinó que serían aproximadamente 40 los casos con resoluciones firmes.
Por ello, solicitaron que se establezca un calendario de pagos para esas personas, de manera que conozcan cuándo recibirán los recursos que les corresponden.
“Nosotros le pedimos, le solicitamos al Instituto que hiciera una lista programada de los pagos pendientes a esas 40 personas para que esas personas ya se hubieran beneficiado de ese pago y supieran exactamente qué fechas se les iba a estar pagando”, señaló.
El tercer reclamo está relacionado con los juicios derivados del artículo 64. El representante del movimiento sostuvo que, a partir de las modificaciones realizadas a la legislación, ya no existirían razones para que el instituto mantenga algunos de estos procesos y pidió a la Junta Directiva y a la Dirección del Issstezac desistirse de ellos.
Consideró que esta decisión permitiría demostrar que el instituto está dispuesto a cumplir con la legislación y respetar las resoluciones judiciales.
También mencionó el artículo 128, al señalar que la legislación contempla la intervención del Estado cuando el instituto no cuenta con recursos suficientes para hacer frente al pago de pensiones y jubilaciones.
A decir del representante, el conflicto que mantienen con el Issstezac tiene tanto una dimensión jurídica como económica, debido a que los pensionados se han visto obligados a recurrir a los tribunales para reclamar derechos que, afirmó, posteriormente les han sido reconocidos por los jueces.
“Lo que nosotros no entendemos es por qué todos los jueces en todos los casos ya nos dieron la razón, ¿por qué siguen tomando este tipo de decisiones aquí al interior del Instituto?”, cuestionó.
Dávila Rangel también señaló que han buscado reunirse con integrantes de la Junta Directiva del Issstezac para plantear sus demandas. Dijo que solicitaron una audiencia con quien identificó como Ruth Salinas, encargada de la Junta Directiva, aunque hasta el momento de la declaración no habían recibido respuesta sobre la fecha para el encuentro.
Además, esperaban ser recibidos por autoridades administrativas del instituto para conocer el calendario de pagos de quienes cuentan con sentencias firmes y obtener respuesta a otro escrito relacionado con una pensión que, según su señalamiento, fue otorgada por un monto menor al que corresponde.
El representante sostuvo que, después de cinco años de reclamos, tanto el Gobierno del Estado como la Dirección y la Junta Directiva del Issstezac han sido renuentes a atender sus demandas.
Afirmó que el movimiento no está solicitando nuevos beneficios, sino el cumplimiento de derechos que consideran ya adquiridos y que, según dijo, han sido reconocidos en resoluciones judiciales.
También lanzó un señalamiento sobre las condiciones de los trabajadores activos y se refirió al Decreto 621 de 2024, al que calificó como perjudicial para este sector al considerar que establece condiciones que derivarían en pensiones insuficientes.
Finalmente, planteó que el conflicto no puede resolverse únicamente mediante litigios y propuso reunir a los distintos actores involucrados para discutir una nueva legislación que, sostuvo, represente a los trabajadores y permita resolver de fondo la situación del sistema de pensiones estatal.
“Desde agosto de 2024 sigue siendo ineludiblemente la derogación del artículo 621 y el exhorto a que nos reunamos todos los actores […] para formular una verdadera ley que represente a los trabajadores”, afirmó.
