Miles vuelven a marchar en Guadalajara; exigen agua limpia y justicia por los abusos policiales que el propio gobernador reconoció.
Guadalajara, Jalisco.- La crisis del agua se convirtió también en una crisis de derechos humanos para el gobierno de Pablo Lemus (Fotos: Salvador alc/Wikimedia Commons)
Guadalajara, Jalisco.- La crisis del agua se convirtió también en una crisis de derechos humanos para el gobierno de Pablo Lemus. Miles de personas marcharon este domingo 18 de octubre para exigir un suministro de calidad y sanciones por los abusos cometidos durante la protesta del día 11. Entre las demandas también apareció la revocación de mandato del gobernador de Movimiento Ciudadano.
Una semana antes, policías emplearon gas lacrimógeno y chorros de agua frente a Casa Jalisco, en una concentración donde había familias. El saldo oficial fue de 39 detenidos. Lemus terminó admitiendo que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas.
El Problema Estaba Advertido
Desde el 30 de abril, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco había documentado omisiones de dependencias estatales, el SIAPA y los ayuntamientos de El Salto y Tlaquepaque en torno a la presa Las Pintas.
Su recomendación 10/2026 señaló vulneraciones a los derechos al agua potable, saneamiento, salud y medio ambiente. Identificó fallas de coordinación y pidió un plan de remediación con presupuesto, plazos e indicadores verificables. La emergencia tenía, por tanto, antecedentes oficiales anteriores a las marchas.
Los Abusos, Reconocidos por el Gobernador
El 13 de octubre, después de revisar grabaciones del operativo, Lemus reconoció: “hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas”.
Sostuvo que nunca debieron utilizarse agua ni gas contra las personas y anunció investigaciones y reparación del daño. Posteriormente, la Secretaría de Seguridad informó que 17 policías eran investigados por presuntas actuaciones fuera de protocolo. La apertura de expedientes todavía no equivale a sanciones.
Salir Libres no Cerró los Casos
Aunque el gobernador anunció la liberación de los detenidos, seis quedaron vinculados a proceso. Cuatro de ellos recibieron el 16 de octubre medidas para continuar sus procedimientos en libertad. Las imputaciones no constituyen una sentencia de culpabilidad.
La CNDH atrajo la investigación sobre posibles violaciones de derechos humanos. Este domingo advirtió inconsistencias en acusaciones y dificultades para acceder a una defensa adecuada; también informó haber acreditado lesiones y afectaciones físicas y psicológicas entre las personas examinadas.
Durante la segunda marcha, participantes rechazaron la incorporación de encapuchados y defendieron el carácter pacífico de la movilización. Lemus prometió evitar confrontaciones y ha negado que su proyecto de acueducto implique privatizar el servicio o aumentar tarifas. Su gobierno enfrenta ahora dos exigencias: resolver el suministro y responder por los abusos contra quienes reclamaron agua limpia.
