Creación de Tribunales y Centros, Entre sus Exigencias
“El anhelo de justicia de calidad, pronta y accesible no puede obtenerse explotando a los trabajadores, atropellando nuestros derechos laborales y nuestra dignidad”, subrayaron los inconformes
Trabajadores del XXIII Circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Zacatecas, hicieron propio el pliego petitorio presentado por empleados de Michoacán y exigieron al Órgano de Administración Judicial, a la Cámara de Diputados y a la Presidencia de la República atender las condiciones laborales y de operación que, señalaron, afectan la impartición de justicia.
Entre sus principales demandas está la creación de nuevos tribunales colegiados, juzgados de distrito, centros de justicia penal y tribunales laborales, así como más plazas para el Instituto Federal de Defensoría Pública.
Los trabajadores señalaron que la falta de personal también repercute en la atención de los asuntos, al señalar que México cuenta actualmente con un promedio de 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que el estándar internacional al que hicieron referencia establece al menos 18 jueces por cada 100 mil habitantes.
El pliego también contempla que se cubran las licencias médicas, de maternidad y paternidad, así como aquellas sin goce de sueldo; además de garantizar el suministro oportuno de insumos y equipo para los órganos judiciales, como aire acondicionado, sillas y archiveros.
Otro de los puntos planteados es el rechazo a los cambios de adscripción obligatorios. Los trabajadores exigieron que no puedan ser enviados a otra ciudad o sede sin su consentimiento y señalaron que debe protegerse su proyecto de vida, salud y el interés superior de sus hijos.
En materia laboral, reclamaron el pago de todas las horas extra efectivamente trabajadas y el respeto a una jornada de ocho horas diarias y 40 horas semanales, con descanso los sábados y domingos.
También solicitaron estabilidad laboral y el otorgamiento de plazas de base para personal que actualmente se encuentra bajo esquemas de confianza o comisión. En el caso de las evaluaciones de desempeño, pidieron que quede establecido mediante un acuerdo normativo que estas no puedan utilizarse como motivo para el cese de trabajadores.
Los empleados cuestionaron además la forma en que se mide la productividad dentro del Poder Judicial, al considerar que no debe utilizarse como referencia el trabajo realizado a costa de jornadas superiores a las 40 horas semanales, periodos vacacionales o afectaciones a la salud.
Entre sus demandas económicas incluyeron un ajuste salarial retroactivo equivalente al 13 por ciento de inflación acumulada, al sostener que este incremento no les ha sido otorgado, así como el restablecimiento de la ayuda para la adquisición de anteojos para trabajadores y familiares directos.
También exigieron atención efectiva a los casos de acoso laboral y sexual. Durante el pronunciamiento rindieron homenaje a Humberto Orozco Calderón, trabajador adscrito a un tribunal colegiado en Campeche, quien falleció en septiembre de 2026 y cuya muerte, señalaron sus compañeros, estuvo relacionada con el agotamiento físico, estrés y acoso laboral derivados de las cargas de trabajo.
Uno de los reclamos centrales fue el presupuesto destinado al Poder Judicial. Los trabajadores señalaron que para 2027 se proyectan 72 mil 264 millones de pesos, frente a los 70 mil millones de 2026, mientras que en 2025 fueron asignados 85 mil 25 millones y en 2024, 84 mil 792 millones de pesos.
Afirmaron que, sin un presupuesto suficiente, será difícil atender las necesidades de infraestructura, personal y condiciones laborales que plantean.
Finalmente, exigieron garantías de que no habrá represalias contra quienes participen en movilizaciones y denunciaron el presunto amedrentamiento que enfrentan trabajadores de Michoacán durante sus paros laborales, donde, afirmaron, se ha registrado presencia de elementos antimotines.
Los trabajadores sostuvieron que mejorar las condiciones laborales también es necesario para reducir el rezago judicial y plantearon como objetivo que los procesos puedan resolverse en un plazo máximo de cuatro meses, desde la presentación de una demanda hasta la resolución del último recurso.
“El anhelo de justicia de calidad, pronta y accesible no puede obtenerse explotando a los trabajadores, atropellando nuestros derechos laborales y nuestra dignidad”.
