Se Afectó Alrededor de 13.58 km de Cauces
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) exigió una investigación independiente sobre el derrame de jales de la Minera Sabinas, propiedad de Industrias Peñoles, ocurrido en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, cuyos residuos alcanzaron el río Súchil.
De acuerdo con la organización, el derrame afectó alrededor de 13.58 kilómetros de cauces y provocó impactos en vegetación y fauna. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ordenó además la clausura temporal y parcial del área de depósito de jales.
REMA cuestionó que la explicación difundida por la PROFEPA atribuya el derrame a las lluvias registradas en la zona, al considerar que este elemento por sí solo no permite establecer qué ocurrió con las instalaciones mineras ni si existieron fallas técnicas.
La organización señaló que corresponde a la empresa garantizar el diseño, mantenimiento, operación y seguridad de sus instalaciones, por lo que pidió que las causas sean determinadas mediante una investigación sustentada en evidencia.
Otro de los puntos señalados es que la PROFEPA realizó una inspección el 8 de octubre, cuando ya había constatado la presencia de jales desde las instalaciones mineras hasta la comunidad de Estación de Canutillo, mientras que la información sobre el derrame se hizo pública el 20 de octubre.
Ante ello, REMA pidió hacer público el acta de aquella inspección, así como las fechas de los avisos recibidos, los hallazgos, las medidas ordenadas y el seguimiento realizado por las autoridades.
La organización también advirtió que la clausura parcial y las labores de limpieza no son suficientes para determinar el alcance de la afectación, pues todavía debe establecerse la posible presencia de residuos en suelo, agua, flora y fauna, además de los riesgos para las comunidades cercanas.
Entre sus exigencias se encuentran una investigación independiente, la publicación de los resultados de los muestreos y de la composición y volumen de los jales, así como la identificación de las causas del derrame y de las actuaciones de las autoridades.
REMA también demandó medidas para evitar nuevos derrames, una evaluación de los posibles riesgos para el agua y la población, acciones de restauración ambiental y, en caso de determinarse responsabilidades, sanciones contra la empresa o funcionarios que hayan incurrido en omisiones.
La organización sostuvo que las comunidades tienen derecho a conocer los resultados de los estudios y a participar en las decisiones relacionadas con los territorios afectados.
