Caso de la Comercializadora JVLY
Una auditoría forense documentó transferencias a terceros sin vínculo acreditado con el servicio contratado. El instituto recibió los señalamientos casi un año antes de la nueva investigación. Investigaciones Especiales Página 24
La ASF observó 63 millones 241 mil pesos porque no se acreditó documentalmente la totalidad del servicio (Foto: ProtoplasmaKid/Wikimedia Commons)
El Instituto Nacional Electoral recibió desde noviembre de 2025 las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre un contrato de materiales electorales por 63.2 millones de pesos. El expediente registra la notificación al organismo el 10 de noviembre y una reunión entre ambas instituciones el día 26, en la que el INE presentó explicaciones y documentos.
La revisión documental de la auditoría forense número 230, correspondiente a la Cuenta Pública 2024, permite reconstruir ese antecedente. Su dictamen fue emitido el 27 de enero de 2026, meses antes de la investigación de oficio anunciada este octubre y respaldada públicamente por la presidencia del instituto.
El caso involucra a Comercializadora JVLY, contratada para imprimir, producir y distribuir materiales de simulacro destinados a la capacitación electoral del proceso 2023–2024. La ASF observó 63 millones 241 mil pesos porque no se acreditó documentalmente la totalidad del servicio.
Aunque el INE presentó constancias de entregas, los auditores encontraron diferencias entre los materiales recibidos por sus juntas locales, juntas distritales y personal de capacitación. El proveedor tampoco acreditó sus costos, gastos, personal empleado y terceros contratados para cumplir el encargo.
La documentación laboral presentó otra contradicción: la empresa exhibió una opinión de cumplimiento de obligaciones de seguridad social con 76 trabajadores, mientras que la información obtenida del IMSS e Infonavit indicaba que no tenía empleados registrados ni movimientos de afiliación. Tampoco presentó su declaración anual de 2024.
El seguimiento bancario permitió identificar que, entre el 31 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de 2025, JVLY transfirió los recursos recibidos a nueve empresas y una persona física. La ASF no pudo vincular esas operaciones con los servicios contratados por el INE.
Entre las operaciones revisadas, una empresa receptora explicó los depósitos como préstamos y trasladó seis millones de pesos a una persona física. Otra manifestó que correspondían a la compra de un seccionador eléctrico, negó haber trabajado con instituciones electorales y posteriormente transfirió 12.3 millones a una sociedad financiera. Esa última cantidad superaba los diez millones provenientes de JVLY, por lo que no puede atribuirse íntegramente al contrato electoral.
También se identificó que Plásticos y Metales MYC transfirió dos millones a Grumeec, firma que había participado en el sondeo de mercado utilizado para contratar a JVLY. Las visitas de supervisión del INE, además, se realizaron en instalaciones de otro proveedor, Formas Finas y Materiales.
El importe observado por JVLY forma parte de los 66 millones 563 mil pesos de posibles irregularidades identificados en la revisión; ambas cantidades no deben sumarse. Por este contrato, la ASF promovió revisiones fiscales ante el SAT y el IMSS, así como investigaciones administrativas ante el Órgano Interno de Control del INE.
Las observaciones documentan un probable daño sujeto a aclaración y a los procedimientos correspondientes; no constituyen por sí mismas una sentencia penal.
En su comunicado del 24 de octubre, la presidencia del INE, encabezada por Guadalupe Taddei, expresó su respaldo a la nueva investigación de la ASF y aseguró que colaborará con las autoridades. Informó que los antecedentes ya fueron remitidos al Órgano Interno de Control.
El instituto también señaló que realizó relevos en áreas ejecutivas y administrativas, aunque el comunicado no identifica personas ni fechas. Añadió que las responsabilidades deberán determinarse mediante documentos y pruebas, y anunció un micrositio para consultar contrataciones, proveedores y montos, cuya disponibilidad pública estaba pendiente.
