Responsable del Archivo General, Luis Román Gutiérrez, representó a la Máxima Casa de Estudios

Responsable del Archivo General, Luis Román Gutiérrez, representó a la Máxima Casa de Estudios

La Universidad Autónoma de Zacatecas estuvo presente en el Foro de Análisis y Propuestas a la Iniciativa de la Ley General de Archivos a través del responsable del Archivo General, Luis Román Gutiérrez; el evento tuvo lugar en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República, su objeti­vo fue revisar minuciosamente la propuesta y plantear mejoras para enriquecerla.

Convocaron al foro la Red de Archivos de Instituciones de Edu­cación Superior (RENAIES), de la cual nuestra institución forma parte en conjunto con la senadora Martha Tagle. La iniciativa fue presentada ante el Pleno de la Cámara Alta del Senado el 17 de noviembre pasado y se espera su aprobación en el próxi­mo periodo ordinario de sesiones.

Entre los participantes estuvo el direc­tor de la Academia Mexicana de Historia, Andrés Lira González; la investigadora del Colegio de México y ex directora del Archivo General de la Nación, Aurora Gó­mez Galvarriato; el presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, Alfredo Ávila Rueda; el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Mauricio Merino Huerta; el académico del Archivo Histórico de la UNAM y funda­dor de la RENAIES, Gustavo Villanueva Bazán; así como otros varios archivistas e investigadores que vertieron sus observa­ciones sobre la Iniciativa de Ley General de Archivos.

El funcionario universitario dio a cono­cer su opinión acerca de la trascendencia de esta ley y por qué las universidades tienen el interés de impulsarla. Recordó que desde los años 90 se hablaba de una ley que garantizaría el resguardo de los archivos, sin embargo no fue hasta el 2002 cuando surgió la Ley de Transparencia que contemplaba la necesidad de contar con archivos organizados para que la informa­ción estuviera accesible al público.

En el 2012 -indicó el docente-, surgió la Ley Federal de Archivos que comprendía a las dependencias federales y órganos autónomos, entre ellos las universidades y otras instituciones de educación superior.

Manifestó que actualmente se está discutiendo la propuesta que presentó el Archivo General de la Nación de Ley General, para cuyo ámbito –dijo- , “se pretende sea más amplio y abarque tam­bién a gobiernos estatales, municipales, partidos políticos y sindicatos, asegurando la preservación de los acervos en espacios adecuados, con la documentación clasi­ficada y ordenada, pues se trata del pilar principal para el acceso a la información y la rendición de cuentas”.

No obstante, Román Gutiérrez expre­só que a esta propuesta de ley, se le han detectado algunos artículos e incisos que deben modificarse, pues se considera que no van acordes a la archivística (desde la definición de conceptos básicos), así como tampoco con la democracia que ahora re­quiere nuestra nación, “hay inconsistencias fundamentales sobre la consulta de archivos históricos porque plantea restricciones para el acceso a determinada información, por lo que se exigió en el foro, después de resaltar los riesgos, que antes de aprobar esta ley, se tomen en cuenta las observaciones y se hagan las adecuaciones necesarias, de tal manera que sea una ley útil y práctica a la sociedad”.

Sobre lo anterior, ejemplificó un artícu­lo que estípula que toda la documentación valorada como histórica, se puede consul­tar sin ninguna restricción, “pero ese térmi­no de documentación valorada lo pone en un porcentaje mínimo, ya que en realidad es poca la documentación histórica que se ha transferido como tal y por tanto, no toda podrá ser consultada”.

En ese sentido, el universitario argu­mentó que dentro de las archivística se tienen que valorar los documentos por comisiones o consejos donde participen profesionistas que sepan de leyes, ya que muchos documentos contienen no sólo información, sino también valores legales que sirven como testimonio o elemento de prueba para casos determinados; lo mismo pasa con documentos de valor fiscal o contable que requiere la participación de contadores, y por supuesto archivistas e historiadores, aunque también hay otros documentos cuyo valor se consideran sólo administrativos y su vigencia es corta, pues son invitaciones a determinados eventos o citatorios.

El responsable del Archivo General, Luis Román Gutiérrez, añadió que la institución ha estado trabajando dentro de los linea­mientos establecidos por la ley del 2012, “todos estos planteamientos son fundamentales porque una de las primeras cuestiones es que esta ley obliga a conservar y cuidar los archivos. La ley es importante para que en todas las instituciones y las autoridades se responsabilicen de los documentos que generan y reciben para el cumplimiento de sus funcio­nes, garanticen su apropiada con­servación y procurar que la gente a cargo esté capacitada correctamente para trabajar en un archivo. Respecto a los recursos, se debe destinar una partida, no sólo para el cuidado bási­co de los documentos, sino también para el mantenimiento de las instalaciones donde se resguardan”.

Comentó que la propuesta debe ser revisada adecuadamente,sobre todo para evitar que los logros de la primera legisla­ción queden invalidadas por la otra, se tiene que hacer un ajuste detallado para definir correctamente a los archivos históricos como fuente de acceso público, donde no se tenga ninguna sola restricción para su consulta. Asimismo que su aprobación no quede sujeta a intereses de uno o dos par­tidos políticos, sino que quede consensada por las voces de expertos, asociaciones y organismos vinculados con el quehacer archivístico.

“Los documentos con valores testimo­niales y evidénciales son históricos, estos marcan la transformación de una sociedad, de una institución, marcan los hitos dentro de la evolución de las sociedades, pueden ser desde esa perspectiva varios los ele­mentos que se pueden tomar en cuenta para determinar la documentación histórica”, puntualizó.