En Este País no Ningún Delito que se Tengan Negocios
Por Cristo González
En conferencia de prensa, Osvaldo Ávila Tizcareño, líder estatal del antorchismo, sostuvo que desde el inicio del actual gobierno federal, están ante una “embestida” en la que se ha tratado de desprestigiar la labor de la organización (Foto: Merari Martínez)
En días pasados medios nacionales informaron que la organización Antorcha Campesina opera gasolineras en todo el país, siendo propiedad en algunos casos, de quienes tienen relación o parentesco con Aquiles Córdova Morán, dirigente nacional de este movimiento, supuestamente los negocios son producto de recursos de procedencia no clara.
En conferencia de prensa, Osvaldo Ávila Tizcareño, líder estatal del antorchismo, sostuvo que desde el inicio del actual gobierno federal, están ante una “embestida” en la que se ha tratado de desprestigiar la labor de la organización.
“En estos momentos, a nivel nacional estamos precisando nuestra postura, señalando que no constituye ningún delito el que se conforme una estructura económica independiente que ha creado el movimiento antorchista a nivel nacional”, destacó.
El ex diputado local, reconoció que hay gasolineras concesionadas, que dijo: “Son parte de esta estructura económica que hemos creado a lo largo de 45 años, también se han creado algunos restaurantes y tiendas de abarrotes, que es lo que nos ha permitido adquirir independencia económica y no recibir subsidio por parte de ningún gobernante para mantener nuestra actividad política”.
“En este país no es ningún delito que se tengan negocios o una estructura económica. Tratan de denostar, sembrar duda, crear animadversión contra el movimiento, pertenece este acto a una campaña que se está creando desde altas esferas del poder público del país”, insistió.
“Queremos hacer un llamado para que se frene esta campaña aniquiladora. El movimiento antorchista, más allá de esta campaña en medios nacionales y descalificaciones en redes sociales, va a defender su derecho legítimo de existir como organización legal”, agregó Ávila Tizcareño.
En su defensa, no descartan hacer movilizaciones multitudinarias, denuncias públicas para dar a conocer estos actos.
“Si continúa la escalada de descalificaciones encaminadas a calumniarnos, iremos a la opinión pública a decir que nuestra actividad económica y política es legal. Las obras son muestra irrefutable de nuestra labor”, agregó.
